Historia



Pasta de Conchos

En un principio NO hubo un problema, en plural, con los dueños de las minas, sino con sólo uno de ellos, Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, principal accionista de Grupo México, tóxico y prepotente empresario dueño de la mina 8 de carbón de Pasta de Conchos ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, de Coahuila, que el 19 de febrero de 2006 sufrió una explosión de gas metano asesinando a 65 trabajadores mineros por negligencia criminal de la empresa.

Los técnicos y trabajadores con experiencia dijeron entonces que esta tragedia se pudo haber evitado si la empresa hubiera aceptado las demandas planteadas desde 4 años antes por el Sindicato Minero y por los trabajadores de Pasta de Conchos sobre la inseguridad con la que se trabajaba en esa mina desde tiempo atrás.

La historia es trágicamente simple: El sindicato Minero y los miembros de la Sección 13 de Pasta de Conchos habían denunciado en 4 ocasiones las pésimas condiciones en que se laboraba en esta mina de carbón, sin que la empresa ni las autoridades laborales, encargadas de ver estos asuntos, respondiesen positivamente o hicieran algo para su remedio.

Al grado que los trabajadores de la sección 13 estallaron 4 huelgas en los años previos a la explosión de Pasta de Conchos en 2006, denunciando las fallas existentes, también sin ningún resultado positivo para ellos. Después Grupo México levantó la falsa invención de que los trabajadores y el Sindicato Minero habían llegado a un “pacto” para trabajar la mina en tales pésimas condiciones, mediante un “pago” a los dirigentes sindicales, lo cual fue una vulgar calumnia de Larrea y Grupo México, pues todo acuerdo que el Sindicato Minero establece con las empresas se lleva al papel, al documento, y de esta falsedad no hay ningún tipo de constancia.

65 mineros murieron en la Mina 8 de Pasta de Conchos, sólo 2 cuerpos pudieron ser rescatados, lo cual significa que 63 cuerpos de mineros siguen desde entonces abandonados en el interior de la mina, sin que Grupo México ni el gobierno permitan el rescate de esos cuerpos, destacando en este empeño el peor secretario del Trabajo y Previsión Social que ha tenido el gobierno de México, el nefasto Javier Lozano Alarcón, hoy senador por el PAN pero asesor y vocero del candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, a la presidencia de la República. La empresa, estando en complicidad el secretario del Trabajo y Previsión Social de entonces, el ingeniero químico Francisco Javier Salazar Sáenz, curiosamente contratista y proveedor del Grupo México, decidió al quinto día del siniestro cerrar la mina pretextando que ya todos estaban fallecidos, sin hacer ningún esfuerzo por rescatar a los mineros atrapados en los socavones de la mina. Cabe mencionar que su yerno, Pedro Camarillo, era el delegado de la STPS en Coahuila y las inspecciones de las minas nunca se efectuaban por el encubrimiento que el y su suegro hacían en favor de Grupo México.

En Copiapó, Chile, años después, en agosto de 2010, 33 mineros fueron rescatados tras un derrumbe de la mina de San José de Atacama, por la acción del gobierno de aquel país y de la empresa, que no se dieron por vencidos para rescatar a los mineros atrapados, pese a que ya habían transcurrido dos meses de la tragedia, y a una profundidad de 750 metros, cuando en Pasta de Conchos la profundidad de la mina era sólo de 120 metros y de tierra suave, y no de monumentales rocas de piedra y mineral como en Chile, en tanto que aquí el gobierno de Fox y la empresa de Germán Larrea dejaron morir a los 65 mineros atrapados en el quinto día de la explosión, para evitar 65 denuncias penales por negligencia e irresponsabilidad criminal de Germán Larrea y Grupo México.

Todo ello, desde el primer momento, provocó en Napoleón Gómez Urrutia un calificativo justiciero y lapidario contra la actitud o “hazaña” de Germán Feliciano Larrea: el de Pasta de Conchos fue un HOMICIDIO INDUSTRIAL, definición que aprobaron dirigentes allí presentes en solidaridad a los mineros de México, de la FITIM (Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, con amplia representación entre sindicatos de América y de Europa así como de otros continentes). Calificación de la que Larrea juró vengarse, y por ello en esos mismos días lanzó su acusación falsa en complicidad con el gobierno de Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún, en el sentido de que Napoleón Gómez Urrutia se había quedado con 55 millones de dólares producto de la privatización de la mina de Cananea, y la campaña sucia de este asunto la ha mantenido Larrea con dinero a través de un jefe de prensa al que le dicen “el rey Midas” porque todo lo ensucia “con lana”, y se llama Eduardo García Puebla, tristemente célebre entre los medios de prensa de México.

Fueron esos hechos y varias amenazas de muerte directamente a el y a su familia, que trasuntaban peligro, los que en parte empujaron a Gómez Urrutia a abandonar el país, tanto para proteger la integridad del Sindicato, como a él mismo y a su familia de cualquier detención, ya que si el gobierno de Vicente Fox era capaz de solapar y proteger a Germán Larrea en el siniestro de Pasta de Conchos, lo sería también para la persecución política de Napoleón Gómez Urrutia. Esto lo reveló posteriormente el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, a quien Vicente Fox le pidió que acusara de cualquier cosa a Napoleón y lo metiera a la cárcel. Como Moreira le respondiera que él no tenía ninguna acusación que hacerle a NGU, Fox lo presionó diciéndole que no importaba, que él lo acusara y lo metiera a la cárcel a como diera lugar, ya que el gobierno federal lo ayudaría de alguna manera. Aunque Moreira reveló estos hechos un año después de la tragedia de Pasta de Conchos en el noticiero de Jacobo Zabludovsky, estas presunciones finalmente contribuyeron a que NGU tuviera que dejar el país.

Esta salida del líder minero de su país, le dio pie al gobierno y a Grupo México para acusarlo falsa y abusivamente de que huía por la “culpa” de supuestamente haber dispuesto de los 55 millones de dólares del pago de la privatización de la mina de Cananea años atrás. La otra alternativa, la de permanecer en México, le hubiera significado su arbitraria detención, la destrucción del Sindicato Minero y un largo proceso de injusticias contra él, su familia y los dirigentes de trabajadores mineros.



Los 55 Millones de Dólares

La verdad estricta de este nuevo aspecto de la perversa persecución desatada contra Napoleón Gómez Urrutia por el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y después continuada por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y aunque en menor intensidad pero igual contumacia por el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), es que todas las ONCE acusaciones que el gobierno y Grupo México le lanzaron por ese motivo a través de diversos jueces de consigna movidos por esa empresa y por el gobierno, fueron desestimados por los más altos tribunales de justicia del país, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales el 28 de agosto de 2014 exoneraron (que es una figura jurídica muy diferente a “perdonar”) por decisión unánime, definitiva, de fondo e inapelable a Napoleón Gómez Urrutia de cualquier delito en el manejo de esos fondos. Dejaron en claro que eran falsas todas las acusaciones en contra de Gómez Urrutia. Específicamente el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, determinó la falsedad de las 11 acusaciones simultáneas lanzadas contra el líder minero.

Ya años antes habían surgido testimonios e investigaciones muy serias que exoneraban a Napoleón Gómez Urrutia de cualquier desvío de fondos ilegal referente a los 55 millones de dólares. En su libro “El Colapso de la Dignidad”, publicado en 2014 en español, inglés y francés, además de ser un New York Times best seller, donde Napoleón Gómez Urrutia da registro de ellas; dice (págs. 237 a 240):

“…sabíamos que necesitábamos pruebas concretas de que no se había sustraído dinero de los 55 millones del Fideicomiso Minero. Teníamos que probar, sin que hubiera lugar a dudas, que Larrea y sus marionetas en el gobierno mentían cuando me acusaban de engañar a los miembros del Sindicato. Para confirmar que yo no había cometido ninguno de los delitos por los que había sido acusado, La FITIM contrató a principios del 2007 a Horwath Berney Audit, la división suiza de la compañía internacional de contaduría Crowe Horwath, (quienes auditan a gobiernos de diversos países, incluido el suizo) para realizar una auditoría independiente de las finanzas del Sindicato..."

“Siete meses después, el 19 de julio de 2007 se hicieron públicos los resultados de esta auditoría durante una rueda de prensa (en la ciudad de México) a la que asistieron los representantes de los USW y de la FITIM (United Steelworkers y Federación Internacional de los Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, respectivamente). Horwath Berney presentó el resultado de la auditoría:

|| 20.5 millones de dólares se encontraban en las cuentas pertenecientes al Sindicato Minero. La totalidad de estas cuentas fueron embargadas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

|| 21.8 millones de dólares fueron entregados a los trabajadores que cumplían con los requisitos establecidos por el sindicato como propietario único de los activos provenientes del Fideicomiso Minero. Después de que los activos provenientes del Fideicomiso Minero pasaron a ser parte de los bienes del Sindicato, los miembros de la organización decidieron libremente distribuir una parte de dichos activos entre los trabajadores y ex trabajadores de las compañías privatizadas –las compañías cuyo 5 por ciento de acciones había sido entregado al Sindicato en primer lugar. Más de cinco mil trabajadores (o las familias o representantes legales de los trabajadores) recibieron pagos derivados de esta cifra total, transacción por la cual firmaron los correspondientes recibos. Para probar que los 22 millones fueron distribuidos entre los trabajadores sin ningún tipo de objeción por parte de las oficinas de la PGR o de los abogados de Grupo México, presentamos siete cajas de dichos recibos junto con las copias de identificación personal u otro documento válido.

|| 1 millón de dólares fue cobrado por el banco por el concepto de gastos administrativos del Fideicomiso Minero, hecho que está constatado en los archivos del banco.

|| 3.9 millones fueron usados para cubrir los gastos de los abogados que en el 2004 se encargaron de recuperar, después de quince años de juicios, los 55 millones que Grupo México, en una acción fraudulenta, le debía al Sindicato. Este pago debía haberse realizado con años de anterioridad.

|| 1.7 millones de dólares fueron utilizados para la renovación de diferentes edificios propiedad del Sindicato, tal como se encuentra probado por una amplia documentación.

|| 5.2 millones de dólares fueron invertido en bienes inmuebles pertenecientes al Sindicato.

|| 900,000 dólares fueron pagados para que se imprimieran comunicados de prensa en diferentes periódicos y medios de comunicación a lo largo del conflicto.


“Cuando el representante de la FITIM para Latinoamérica vio el informe, comentó que es una “prueba sin lugar a dudas de que la contabilidad de los 55 millones está en regla y que las acusaciones contra Gómez Urrutia son completamente falsas”. Los United Steelworkers llegaron a la misma conclusión y le pidieron al gobierno mexicano que pusiera fin a la persecución contra el Sindicato, que liberara nuestros activos y retirara los cargos pendientes contra los líderes del sindicato.

“A pesar de los resultados de Horwath Berney, la administración de Calderón se empeñó en defender su farsa hasta las últimas consecuencias. La PGR y la Secretaría del Trabajo continuaban insistiendo en que hubo fraude con los 55 millones de dólares, sin considerar siquiera que el 40 por ciento de esos activos habían sido congelados por el gobierno mismo. La campaña mediática en contra de nosotros continuó sin tregua, como si los resultados de Horwath Berney nunca hubieran existido…”

Esa misma “acusación” está en estos días (marzo de 2018) siendo utilizada por Larrea y sus secuaces tanto de sindicatos blancos como de algunos medios de prensa, con la finalidad de crearle al líder minero la imagen de supuestamente “impresentable” electoralmente, ignorando todos los hechos que se están relatando aquí, ya que no tratan de establecer verdades, sino montar una vez más calumnias contra NGU.

Añade el libro El Colapso de la Dignidad: “Con el propósito de que mi defensa resultara tan sólida y justa como fuera posible, mis abogados le solicitaron al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, que revisaran la documentación concerniente a la cancelación del Fideicomiso Minero y al manejo de los activos que formaban parte de éste. Después de un análisis profundo, estas autoridades académicas presentaron sus reportes por escrito. Cada uno de ellos concluía que ninguno de los activos pertenecientes al Fideicomiso Minero había sido usado de forma indebida, confirmando con esto el resultado de la auditoría de Horwath Berney. De acuerdo con la opinión de los expertos que revisaron los documentos, el Fideicomiso Minero había sido creado, modificado y luego extinguido de manera correcta, todo lo contrario de lo que Germán Larrea y su séquito de cómplices estaban tratando de hacer creer a los ciudadanos de México”.